Las declaraciones del ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones refuerzan la idea que se intentará seguir el modelo británico de ‘enrolment’ como eje del futuro sistema de previsión

Ningún país occidental escapa a las dificultades para garantizar en un futuro no muy lejano el pago de las pensiones a sus jubilados. El estado del bienestar es cada vez más difícil de mantener y no hay una fórmula ideal. Sin embargo, se están probando diversos sistemas para tratar de encontrar una solución para este tema, que figura entre las mayores fuentes de preocupación de los ciudadanos del primer mundo.

Una de las alternativas más interesantes es la del ‘automatic enrolment’ (AE), también conocido como auto-enrolment. Se trata de un sistema de previsión social empresarial complementaria de las prestaciones públicas de pensiones, de adscripción por defecto y que está en funcionamiento en el Reino Unido desde finales de 2012. Los empresarios británicos están obligados a inscribir automáticamente a todos sus empleados que cumplan unas condiciones mínimas determinadas, en algún tipo de plan o instrumento de pensiones cualificado al efecto.

Este sistema es obligatorio para el empresario, pero voluntario para el empleado. El empresario ha de inscribir al trabajador en un plan de ahorro y debe realizar unas aportaciones que son complementadas por otras que realiza el trabajador. Una vez está funcionando este acuerdo, el empleado tiene siempre la posibilidad de salirse del sistema. La implantación ha sido un éxito y casi nueve de cada diez trabajadores británicos participan de este modelo de ahorro.

Unas recientes declaraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, antes de la reunión del Pacto de Toledo han reforzado la idea que España está mirando a Gran Bretaña como modelo a imitar. Desde abril de 2019, la aportación mínima obligatoria establecida por el sistema británico ‘automatic enrolment’ asciende a un 8% del salario. De ese total, un 3% es a cargo del empresario empleador, un 4% a cargo del empleado, y un 1% de aportación a cargo del Estado, que se realiza a través de la deducción fiscal de las aportaciones, y que se incluye como aportación extra al plan de pensiones.

Y Migraciones, José Luís Escrivá, se ha marcado el objetivo que, a partir de enero de 2021, “las pensiones tengan un nuevo marco legal estable”. Para ello en primer lugar deberá conseguir que la comisión parlamentaria de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, alcance un consenso en sus recomendaciones. Dicho consenso es condición necesaria pero no suficiente para que la reforma del sistema de pensiones supere los trámites parlamentarios con posibilidades reales de generar un marco estable y duradero.

El doctor Xavier Varea, de la Facultad de Economía, de la Universitat de Barcelona (UB), indica que “dentro de las medidas anunciadas por el ministro Escrivá, en la Comisión del Pacto de Toledo, encontramos algunas que dejan entrever que el gobierno actual tiene la intención de afrontar la reforma de las pensiones de manera integral, incidiendo no sólo en el pilar público, sino también en el pilar ocupacional y en el privado. Y esto, por sí mismo, es una buena noticia, ya que denota que además de fijarse el objetivo de cuadrar y sanear las cuentas de la Seguridad Social, es consciente de que la estabilidad del sistema va ligada a la suficiencia de las pensiones de los futuros jubilados”

Para Varea, “todo parece indicar que el modelo que resultará de los acuerdos del Pacto de Toledo estará, en parte, inspirado en el de Reino Unido, con todos los matices y particularidades que se requieran. El modelo británico se basa, por un lado, en sistema público de reparto, que garantiza unas pensiones mínimas (cuyo cálculo se basa en el número de años cotizados, y que en promedio ascienden a una cuarta parte del salario medio de UK), y por otro en un sistema de previsión social empresarial de capitalización, obligatorio para el empresario, pero voluntario para el trabajador”.

Este sistema es más conocido como ‘Automatic Enrolment’, en el que se realizan aportaciones por parte del empresario (3% del salario), del trabajador (4%) y del Estado (1%). Da la sensación que el Gobierno ya tiene claras algunas de las cosas que quiere hacer con las pensiones antes incluso de que empiece a reunirse la Comisión del Pacto de Toledo. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quiere utilizar “tres palancas” para sanear el sistema: endurecer las jubilaciones anticipadas voluntarias, incentivar el retraso de la jubilación, y fomentar, a través de una fiscalidad más atractiva, los planes colectivos de pensiones que se suscriben en el seno de las empresas.

No obstante, la implantación del sistema británico en España debería realizarse de forma gradual, y con las modificaciones pertinentes que evitaran el rechazo frontal de una sociedad en la que hasta ahora el problema de la financiación a partir de la jubilación era competencia, casi exclusiva, del Estado, ya que ni la situación de partida, ni el peso de los tres pilares de la previsión social en ambos países son iguales. En España, se da un fenómeno importante: el gran aumento de las jubilaciones anticipadas voluntarias (que se permiten dos años antes de la edad legal de retiro en cada momento), que han crecido un 66% en seis años y ya representan el 16% de todos los que se retiraron en 2019.

Según la reflexión que hacen en la Seguridad Social, la penalización de la pensión de hasta el 8% por año antes de que se jubile el trabajador de forma voluntaria, no se estaría aplicando “de facto”, sobre todo en los trabajadores con pensiones más altas, por lo que barajan un rediseño de estos coeficientes penalizadores que endurezca este tipo de retiro.

El objetivo del ministro Escrivá es acercar la edad real de jubilación actual (64 años y 5 meses) a la legal (65 años y 10 meses y progresivamente 67 años desde 2027). “Esta es una palanca potentísisma”, dijo Escrivá, porque por cada año que sube la jubilación real “se soluciona un 25% del problema”, precisó en referencia al futuro incremento del gasto en pensiones por la llegada masiva a la jubilación de los nacidos en el baby boom, desde mediados de esta década. La tercera palanca es relativa al fomento de los planes de pensiones privados de carácter colectivo en el seno de las empresas (denominados en el sector planes de empleo). En este punto, Escrivá defiende el modelo de planes de empleo del País Vasco, “que arroja niveles de pensiones complementarias interesantes, sobre todo para las rentas medias y bajas, que son las que más lo necesitan”.