Los miembros de las mesas electorales se eligen mediante un sorteo público entre las personas incluidas en el censo, menores de 70 años y que sepan leer y escribir. Recibir la notificación implica la obligación de presentarse. Quien tenga un impedimento deberá acreditarlo con documentos en el plazo de siete días desde que recibe la designación.

La obligación también alcanza a los suplentes: deben acudir al colegio electoral a la hora señalada. Si falta el presidente o alguno de los vocales, el suplente correspondiente ocupará su puesto. Cuando la mesa ya esté constituida, quienes no hayan tenido que incorporarse podrán marcharse y quedarán liberados de cualquier otra obligación.

Las personas que finalmente actúen como presidente o vocal reciben una dieta de 75 euros por la jornada electoral. Los suplentes solo tienen derecho a esta compensación cuando sustituyen a un titular y pasan a formar parte efectiva de la mesa.

La normativa contempla motivos personales, familiares, profesionales o médicos que pueden justificar la renuncia, pero siempre deben demostrarse. Entre los supuestos habituales están ser mayor de 65 años, tener reconocida una incapacidad permanente absoluta o haber alcanzado el sexto mes de embarazo. No obstante, no se trata de una relación cerrada: la Junta Electoral puede aceptar otras circunstancias comparables si están debidamente acreditadas.

No presentarse sin una causa justificada puede constituir un delito electoral. La consecuencia puede ser una pena de prisión de entre tres meses y un año, con los correspondientes antecedentes penales, además de una multa cuya cuantía se fija teniendo en cuenta la capacidad económica de la persona sancionada.

En el ámbito laboral, quien haya ejercido como miembro de una mesa electoral puede reducir en cinco horas su jornada del día siguiente a la votación, sin que ello suponga una disminución de su salario.