Los coches sin seguros los pagamos entre todos

Hay una factura que no aparece en el precio de un seguro de automóvil, pero que termina afectando al conjunto del sistema asegurador. En 2025, los siniestros provocados por vehículos sin seguro atendidos por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) alcanzaron los 47,58 millones de euros, frente a los 30,52 millones del año anterior. En total, se tramitaron 16.041 expedientes, un 6,8% más que en 2024.

La cifra devuelve al primer plano una cuestión que, pese a que el seguro obligatorio de responsabilidad civil existe desde hace décadas, continúa siendo un problema para la seguridad vial y para la protección de las víctimas: qué ocurre cuando el responsable de un accidente no tiene seguro. Porque la ausencia de una póliza no significa que la víctima quede desamparada. Precisamente para evitarlo existe el fondo de garantía del Consorcio. Pero la protección tiene un coste y, cuando el responsable no puede hacer frente a él, el problema deja de ser exclusivamente individual para convertirse en una cuestión que afecta al funcionamiento del sistema.

En España, los propietarios de vehículos a motor están obligados a mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causar a terceros. La legislación establece mecanismos de control de esta obligación y atribuye al Consorcio una función esencial cuando intervienen vehículos no asegurados. La Ley 5/2025, que modificó el régimen español para adaptarlo a la nueva normativa europea sobre el seguro de automóviles, mantiene entre las funciones del CCS la indemnización de las personas perjudicadas en determinados accidentes causados por vehículos sin cobertura. El objetivo es claro: la víctima debe recibir protección aunque el responsable carezca de seguro. Es uno de los principios fundamentales del seguro obligatorio: la responsabilidad de quien provoca el daño no puede convertirse automáticamente en un problema para quien lo sufre. Pero existe una segunda cuestión: ¿quién termina asumiendo el coste?

El Consorcio de Compensación de Seguros actúa en estos casos como una red de seguridad. Su intervención permite atender a las víctimas cuando el vehículo causante carece de seguro, de manera que la ausencia de póliza del responsable no deje sin indemnización al perjudicado cuando concurren los supuestos previstos legalmente. El sistema también contempla la posibilidad de que el Consorcio actúe contra el responsable una vez efectuada la indemnización. La propia Ley 5/2025 mantiene expresamente esta facultad. Pero recuperar posteriormente las cantidades abonadas no significa que el coste económico desaparezca. La gestión de estos expedientes, la indemnización de las víctimas y el funcionamiento del mecanismo de garantía forman parte de un sistema que se sostiene mediante los recursos del propio sector asegurador. De ahí que el problema de los vehículos sin seguro no pueda analizarse únicamente desde la perspectiva de la sanción al conductor.

Los datos de 2025 ponen dimensión al fenómeno. Los 16.041 siniestros atendidos por el CCS relacionados con vehículos sin seguro suponen un incremento del 6,8% respecto al año anterior. El coste alcanzó los 47,58 millones de euros, frente a los 30,52 millones de 2024. El dato merece atención porque el problema no se limita al número de vehículos que potencialmente circulan sin cobertura. Lo verdaderamente relevante es qué sucede cuando uno de ellos participa en un accidente. Un vehículo sin seguro puede causar daños materiales relativamente pequeños o provocar lesiones graves y permanentes. En este segundo escenario, las consecuencias económicas pueden multiplicarse y superar ampliamente la capacidad económica del responsable.

Y ahí es donde el seguro obligatorio adquiere su verdadera dimensión: no protege únicamente al propietario del vehículo, sino principalmente a las personas que pueden resultar perjudicadas por su circulación. El problema tampoco es nuevo. Hay informes que señalan que hay cuatro millones de automóviles sin asegurar. Esta cifra no puede ser confirmada, porque la diferencia entre vehículos matriculados y vehículos que aparecen en el Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA) no permite afirmar automáticamente que todos los que no figuran en el fichero estén circulando sin seguro. Puede haber vehículos que no estén en circulación, bajas administrativas u otras situaciones. La cifra que realmente importa para medir el impacto sobre el sistema es la de los vehículos que efectivamente participan en accidentes sin disponer de la cobertura obligatoria.

Más allá de los euros, existe una segunda factura: la de las consecuencias personales. La Dirección General de Tráfico ya advertía, a partir del estudio de Línea Directa, de que los accidentes en los que intervienen vehículos sin asegurar presentaban una mayor gravedad y que la posibilidad de sufrir lesiones se multiplicaba por 2,4. Es precisamente esta dimensión la que explica por qué el seguro obligatorio debe entenderse como un mecanismo de protección colectiva y no simplemente como otro requisito administrativo asociado a la propiedad de un vehículo. Cuando un conductor asegura su automóvil, está protegiendo también a cualquier tercero que pueda verse afectado por un accidente.

El papel del mediador: explicar lo que realmente se está comprando

En este contexto aparece también una oportunidad para la mediación. Para muchos conductores, el seguro de automóvil continúa siendo percibido fundamentalmente como una obligación: hay que contratarlo para poder circular. La competencia por precio puede reforzar todavía más esta visión. Sin embargo, el verdadero valor de la póliza aparece precisamente cuando ocurre lo que nadie quiere que ocurra: un accidente.

El mediador puede ayudar al cliente a comprender qué cubre la responsabilidad civil obligatoria, qué diferencias existen entre las distintas modalidades de seguro y qué consecuencias puede tener circular sin cobertura. También puede revisar situaciones que pueden provocar una pérdida de protección o problemas posteriores, especialmente cuando existen modificaciones del vehículo, conductores adicionales o circunstancias particulares de uso. No se trata únicamente de vender una póliza. Se trata de explicar qué riesgo se está transfiriendo y qué riesgo permanece en manos del asegurado.

La existencia de vehículos sin seguro plantea, por tanto, una paradoja. El sistema está diseñado para que una víctima no quede desprotegida aunque el responsable no haya cumplido su obligación de asegurarse. Pero esa protección genera un coste que no desaparece. El Consorcio cumple una función imprescindible como mecanismo de garantía. Las aseguradoras contribuyen al funcionamiento del sistema. Y los mediadores desempeñan un papel fundamental para que el ciudadano entienda qué está contratando. La solución no pasa únicamente por aumentar las sanciones. También requiere mejorar la detección de los vehículos sin cobertura, reforzar la información al ciudadano y hacer visible el verdadero significado del seguro obligatorio.

Porque detrás de cada vehículo sin seguro no hay solamente una póliza que falta. Hay una víctima potencial, una responsabilidad que alguien tendrá que asumir y un sistema que, cuando llega el accidente, tiene que responder. Y esa es precisamente la razón por la que asegurar un vehículo no debería entenderse como pagar por un papel que permite circular, sino como participar en un mecanismo colectivo diseñado para que una mala decisión no termine convirtiéndose en una tragedia para otra persona.